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Los límites del Estado de las autonomías

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Los límites del Estado de las autonomías

Mensaje  Admin el Sáb 31 Ene 2009, 01:33

El catedrático Francisco Sosa Wagner denunciaba la pasada semana en una conferencia en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA la degeneración del modelo autonómico. «Que las comunidades tengan competencias en materias como los ríos, la sanidad, la justicia o, incluso, la telefonía móvil es un absurdo. Necesitamos instrumentos potentes de cohesión nacional para evitar la esqueletización del Estado». La advertencia suma al valor académico de quien la hace, un relevante administrativista, otro de índole moral: Sosa participó hace treinta años en el diseño de la España autonómica.

Un informe de la revista británica «The Economist» ahonda en la misma línea. Sostiene el semanario que el Estado autonómico es un galimatías. El trabajo levantó ampollas entre los nacionalistas catalanes por equiparar los presidentes autonómicos a los caciques y por denunciar que el español se enseña como si fuera una lengua extranjera. Con ser eso importante más lo es la demoledora conclusión final que a nadie escandaliza en Cataluña: el funcionamiento administrativo es un disparate.

Asturias, cuyos partidos han dado pruebas de sensatez y responsabilidad para lidiar la cuestión autonómica, se ve inmersa en esta espiral. Aunque objetivamente no necesita asumir más competencias, y así se recoge de manera expresa en un informe del Consejo Consultivo, va a reformar su Estatuto para no quedar atrás en la arquitectura del Estado, porque correría el riesgo de verse relegada frente a otras autonomías.

Algunos presidentes regionales, especialmente los de los partidos nacionalistas, parecen insaciables, como si el cargo llevara adjunta una mesa petitoria. Su capacidad de exigir competencias no conoce techo. En algunos casos rozan la insensatez. Hay regiones que reclaman la gestión del Ebro o del Guadalquivir al paso por sus tierras, como si el agua pudiera trocearse. En otros casos, bordean el precipicio. En fin, depende de en qué ciudad muera un ciudadano, sus herederos tendrán que pagar o no el impuesto de sucesiones, que no es una cantidad baladí. Ya hay aquí un desequilibro fiscal palmario que tiene su origen en el régimen de concierto del País Vasco y de Navarra.

La proliferación de este tipo de situaciones retrotrae a los reinos de taifas. Eso es lo inadmisible y lo grave: no puede haber diferencias en las prestaciones más básicas entre los ciudadanos de España. Y pasito a pasito se están consolidando. Particularmente evidentes son las del sistema sanitario. Varios expertos han planteado la necesidad de que el Estado vuelva a asumir la gestión de esta materia. Desde luego, las competencias del Ministerio sobre la prestación son nulas y los mecanismos creados para coordinar el Sistema de Salud, inoperantes.

Quizá todas estas deformaciones provengan de mantener el modelo autonómico permanentemente abierto por la aspiración de los gobernantes nacionalistas de llegar mediante este subterfugio a un objetivo máximo, la independencia. Se fundamente este anhelo en una aspiración real o ficticia de sus gobernados, la amenaza es sistemáticamente utilizada para conquistar más poder territorial y conseguir más dinero público.

La corresponsabilidad no existe para los gobiernos regionales. Ni abunda la austeridad. Cada uno resuelve por su cuenta, duplica servicios y multiplica gastos. Antes, el Gobierno central compraba millones de vacunas para todo el país. Ahora cada región adquiere las suyas, a un precio mayor al fraccionar la cantidad, y hasta aplica calendarios de inmunización distintos, como si los mismos virus atacaran de distinta manera en Badajoz que en Álava.

Cíclicamente, en períodos cada vez más cortos, reaparecen las voces que reclaman un replanteamiento de la financiación. Las autonomías piden más y más a un Estado ya anoréxico, al que no le quedan partes magras que ofrecer, pero ninguna se plantea obtener nuevos recursos mediante impuestos a sus ciudadanos. La vía del agravio da más réditos que la impopular de la subida de tributos. En Alemania, santuario constantemente invocado por los defensores españoles del federalismo a ultranza, esos admirados «länder» que gozan de gran margen de maniobra pasan estos días por caja para contribuir con su dinero a rescatar el sistema financiero alemán. ¿Alguien puede imaginar la que montarían aquí el País Vasco y Cataluña si se les exigieran fondos para ayudar a la banca?

Gran culpa en el desboque de esta carrera hay que imputarla al Gobierno central. Zapatero, con su irresponsable «aprobaré cualquier Estatuto que proponga Cataluña», abrió la espita. Ahora es necesario establecer los límites y desarrollar una idea clara, que no parece tener este Ejecutivo, de hacia dónde se debe guiar el modelo autonómico. El sistema nació parejo a una frase que hizo fortuna, «café para todos», expresiva manera de evidenciar que las comunidades tienen que ser iguales al final del proceso. Ni el café es infinito ni se puede servir café de distinta calidad a los mismos comensales. Si se olvida ese espíritu con el que todos se sentaron a la mesa, el modelo hace aguas y su futuro estará seriamente comprometido. Asturias necesita tener un criterio propio y bien fundado a este respecto e iniciativa y coraje para defenderlo donde haga falta
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